Con una celeridad digna de mejor causa, la presidenta Cristina Fernández hizo publicar el viernes 15, el decreto 1482/10 por el que vetó el proyecto de ley 26.649 sancionado en la madrugada del jueves, que establecía el haber mínimo de las jubilaciones en el 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Tras extensas consideraciones para justificar lo injustificable, en la presentación del decreto se concluye con las siguientes afirmaciones: “El proyecto de ley implicaría destinar 9.280,32 millones de pesos para el
período octubre diciembre del 2010 y 40.088,53 millones de pesos para 2011, no dice de dónde obtenerlos y está claro que la ANSES no los posee” y reitera: “Se trataría de una medida irresponsable que aparejaría la pronta quiebra no sólo del sistema sino del propio Estado”.
En primer lugar habría que decir que los 9 mil millones de pesos que se necesitarían para este año pueden ser holgadamente cubiertos con los 15 mil millones de pesos previstos de superávit de la propia Anses. Y en cuanto al año 2011 baste señalar que los 40 mil millones de los que habla representan apenas un 8% del total de ingresos que el propio gobierno calcula para el Presupuesto 2011, subestimando la inflación, por lo que hablar de “quiebra del Estado” resulta cuanto menos una exageración.
Hablando de las bondades de la política de su gobierno, la presidenta Fernández sostuvo el jueves 14 que “los de arriba no se cansan de ganar plata con este modelo macroeconómico”. Esto, el mismo día que anunciaba el veto a la ley que llevaba el mínimo jubilatorio a los menguados 1.400 pesos mensuales, aduciendo que de esa manera se la quería obligar a vender las acciones que tiene la Anses, con lo podría caer el precio de las acciones de esos monopolios. Se ve que le preocupa que esa pequeña mejora a los que vienen perdiendo con “este modelo” no vaya a hacer disminuir en algo las ganancias de los que “no se cansan de ganar plata”, por ser sus principales
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