Ya no hay quien dude, aunque en algunos tribunales se sigan negando a llamar las cosas por su nombre, que la dictadura perpetró un genocidio en la Argentina, que pretendía romper con cualquier lazo fraterno y solidario. Una de las formas que adquirió ese genocidio fue la del robo sistemático de los hijos de nuestros compañeros. Cerca de 500 bebés fueron arrancados de los brazos de nuestras compañeras detenidas. Más de 300 siguen portando la identidad que sus apropiadores les asignaron, siguen sin saber por qué luchaban sus padres, qué sueños tenían para ellos.
Marcela y Felipe pueden ser los hijos de nuestros compañeros. Semanas atrás, después de una década de dilaciones y tras un abrupto cambio de postura, se hicieron los análisis para ver si efectivamente lo eran. Los resultados se cruzaron con dos familias que se esperanzaban con encontrar a los bebés –hoy hombres y mujeres– que buscaron durante años y años. La segunda parte de la evaluación concluyó la semana pasada y no aportó pruebas concluyentes. Habrá que esperar hasta que termine la feria judicial y, quizás, más también para que el peritaje continúe. Lo que no dicen los medios de la señora Ernestina Herrera de Noble –que tanto supo codearse y fotografiarse con los genocidas que secuestraban, torturaban, asesinaban, desaparecían a nuestros compañeros y también les robaban los hijos– es que en el BNDG no están los datos de las 500 familias que buscan a los chicos, que hay poco más de la mitad; que inclusive había muchas familias que, debido a la clandestinidad a que nos habían impuesto los genocidas para cuidar la vida, no sabían que sus hijos estaban en pareja o esperaban un bebé o que hay familias que no pueden dar su ADN porque fueron totalmente masacradas, excepto el bebé apropiado. ¿A qué se debe que estemos en esta situación? A que durante décadas el Estado no hizo lo que debe hacer. No procuró identificar a los chicos y tampoco abrió los archivos. No lo hicieron tampoco Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner, que siguen cuidando los secretos bien guardados de los genocidas, aunque muchos de los funcionarios del actual gobierno se llenen la boca hablando de los derechos humanos y pretendan hacernos creer que debemos agradecerles a ellos que un puñado de los represores se estén sentando en el banquillo de los acusados por algunos de sus tantos crímenes. Permítannos recordárselos nuevamente: Si hay alguien que tiene el mérito de estar metiendo en la cárcel a los genocidas es este pueblo que luchó contra la impunidad que los gobiernos democráticos les granjearon.
Mientras el multimedio que en los años de plomo se ocupaba prolijamente de obviar las denuncias de la masacre y alababa a la dictadura se empecina para juntar el “caso Noble Herrera” con las denuncias contra “Sueños compartidos” de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para desprestigiar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, nosotros respondemos lo mismo que dijimos semanas atrás. Sólo la independencia del Estado puede hacer que los organismos de derechos humanos cumplamos con la tarea a la que nos comprometimos con nuestro pueblo: impedir los atropellos que desde los aparatos estatales se cometen y se permiten. Esa coherencia es la que nos permite seguir reclamándole al Estado que abra los archivos para que podamos encontrar a los hijos que buscamos y para que podamos cumplir con la promesa que les hicimos a los 30 mil compañeros detenidos- desaparecidos:
• Que no pararíamos hasta que todos los genocidas y sus cómplices estén en donde tienen que estar: en la cárcel común y efectiva.
• Condena a todos los genocidas.
• Justicia para todos los compañeros.
